Desde el punto de vista social, los cambios políticos y económicos propiciaron una nueva sociedad de clases configurada según la riqueza, la propiedad privada y la igualdad jurídica que sustituyó a la sociedad estamental. Pero esa transformación fue lenta, y de hecho, durante el siglo XIX en la mayor parte de España perduró un tipo de relaciones sociales más próximas al Antiguo Régimen que a una sociedad capitalista liberal.
La nobleza, a pesar de perder sus privilegios señoriales y fiscales, no sólo mantuvo sus propiedades territoriales, sino que las amplió con las propiedades desamortizadas, viéndose sólo obligada a adaptarse al ascenso de una burguesía, prácticamente inexistente fuera de los núcleos industrializados de Cataluña y País Vasco.
En el otro extremo de la sociedad, las clases populares siguen estando integradas por los campesinos, cuya situación empeoró con las desamortizaciones, que anularon muchos arrendamientos y privatizaron las tierras comunales, quedando reducidos en muchos casos a la condición de jornaleros o proletariado rural. En las ciudades, las clases bajas crecen constantemente, ocupadas en el servicio doméstico, los oficios artesanales y, sólo en determinadas zonas (Cataluña, País Vasco y Asturias), el nuevo grupo de los obreros de las fábricas o proletariado industrial con una rígida disciplina laboral, jornadas de 12 a 14 horas, lugares de trabajo insalubres y mal iluminados, y salarios muy bajos. Estas condiciones explican, como en otros países, el desarrollo de un movimiento obrero, donde va a predominar desde la constitución de la Sección Española de la AIT en 1870 la corriente anarquista sobre la socialista o marxista, decantándose un sector de la misma por el uso de la «acción directa» (atentados contra representantes del Estado, la burguesía y la Iglesia) en los años finales del siglo.
Entre ambos polos sociales, y reflejando el reforzamiento de los antagonismos que caracteriza a esta sociedad, unas débiles clases medias, formadas por la pequeña burguesía urbana (comerciantes, propietarios de talleres y pequeñas fábricas tradicionales...), los medianos propietarios rurales o arrendatarios, los funcionarios públicos (sustituidos en cada cambio de gobierno) y los profesionales liberales.
