A diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, como Gran Bretaña, el proceso de cambios económicos y sociales que habitualmente asociamos al fenómeno de la Revolución Industrial se desarrolló en España a un ritmo muy lento. El desmantelamiento de los privilegios e instrumentos jurídicos del Antiguo Régimen sólo comenzó a tener continuidad a partir de 1840 con la finalización de la primera guerra carlista, intensificándose los procesos de urbanización e industrialización durante la etapa de la Restauración. Sin embargo, a principios del siglo XX, todavía estos distaban bastante de los desarrollados en otros países europeos. La economía seguía dominada aún por el sector agrícola y la industrialización aparecía limitada a Cataluña y País Vasco, la sociedad era más abierta y con un mayor grado de urbanización pero con las diferencias sociales eran muy marcadas y persistía un elevado nivel de analfabetismo.
La agricultura española aún concentra el 65-70% de la población activa y sigue basada en los cereales de secano, vid y olivo. A pesar de convertirse en una agricultura comercial por el progreso de los transportes y la supresión de los diezmos y cargas señoriales decretada por los gobiernos isabelinos no consigue modernizarse a causa de los siguientes hechos: la mayor concentración de la propiedad de la tierra producida por la desamortización de las fincas de la Iglesia y los municipios, el bajo coste de la mano de obra, el proteccionismo y la escasa especialización regional.
La industrialización en España comienza a fines del siglo XVIII en Cataluña, Málaga o Santander, pero la pérdida de las colonias americanas a principios del siglo siguiente frena su crecimiento, que no se ve favorecido posteriormente por otra serie de factores: la ausencia de un verdadero mercado nacional; el bajísimo nivel de ingresos del campesinado, lo que significaba que la mayor parte de la población española, con una limitada capacidad de compra, era incapaz de absorber la producción industrial; la escasez de capitales, desviados a la Deuda Pública, la compra de tierras desamortizadas y los ferrocarriles; el tendido de la red ferroviaria tampoco favorece el desarrollo industrial por cuanto, desde 1855, corrió a cargo de capitales extranjeros (franceses), subvencionados por el Estado, y se autorizó la libre importación de los materiales para su construcción los beneficios de su explotación fueron muy escasos al carecerse de un volumen de tráfico suficiente, y la venta de las mejores minas españolas, propiedad del Estado, a empresas extranjeras (francesas e inglesas).
Los únicos núcleos industriales modernos de España se desarrollan en Cataluña y País Vasco, favorecidos por el proteccionismo y el bajísimo nivel de salarios de los obreros. En Cataluña, merced a la acumulación de capitales por la exportación de vinos y el control del comercio antillano, se desarrollan la industria textil algodonera que aprovecha la energía hidráulica y las máquinas de vapor, y la metalúrgica, y en el País Vasco la industria siderometalúrgica (Altos Hornos de Vizcaya) basada en la acumulación de capital por la venta de mineral de hierro a Inglaterra y la compra del carbón inglés.
